Está claro que sólo las luchas abrieron y abrirán el camino difícil de respeto a todos los derechos humanos y vitales.

El propio fracaso de la hegemonía occidental y el espantoso genocidio provocado por el enfrentamiento interimperialista en la Segunda Guerra Mundial, sumado a las extraordinarias luchas obreras y populares de buena parte del SXX llevó a que los Estados instituídos fundaran la ONU y redactaran esta Declaración que, por un lado, se constituye entonces en una autocrítica para la economía política hegemónica, y también en una propuesta de desarrollo y debate de una nueva conciencia global, que sigue abierta y en discusión.

El propio capitalismo, y mucho más en su fase actual de casino planetario, postfordista, biotecnológica, concentradora, excluyente y precarizadora del mundo de la vida, se presenta como principal obstáculo a la realización plena de los derechos humanos históricos, como así también de los derechos emergentes en los últimos debates y luchas globales. Las luchas por los derechos humanos tienen el desafío de discutir a fondo acciones de justicia y estrategias de lucha para aportar a una transformación política, económica, social y cultural estructural. El respeto a la memoria de nuestros 30.000 compañeros desaparecidos hace que nunca perdamos de vista que la lucha por los derechos humanos nunca puede abandonar la perspectiva de una auténtica emancipación política y social. En este sentido, no se entiende a algunos que plantean que "los trabajadores deben llegar al poder" pero para ser cómplices de la gestión de la crisis, del ajuste y de la dependencia. No habrá transformación sin lucha, y la lucha debe desarrollarse y potenciarse hoy mismo.

En Entre Ríos, el panorama es crítico en muchos aspectos: muchos derechos se vulneran permanentemente, tanto de parte del Estado como del sector privado, y la justicia parece siempre estar de espaldas al pueblo. No podemos dejar de lamentar que son sólo dos pesos por alumno los que este gobierno viene presupuestando desde 2008 para comedores escolares, sin hablar de otras cosas como los salarios de los trabajadores por debajo de la línea de la pobreza, entre tantas cuestiones urgentes, como la falta de protección a nuestra tierra y a nuestro ambiente. Cabe señalar que hay dos denuncias entrerrianas en la OIT: la de AGMER contra las prácticas desleales e ilegales del actual gobierno provincial, y la de los cosecheros del arándano, contra las inaceptables condiciones de trabajo generadas por la patronal. El derecho a huelga y el derecho al trabajo digno son derechos humanos. En éste sentido, nos alegra el reconocimiento sindical conquistado, a nivel nacional, por los trabajadores del subte en lucha, y reafirmamos la necesidad de reconocimiento a todos los gremios, como el de los compañeros de la UCRA, y la libertad sindical que plantea hace tanto tiempo la CTA.

Y es rechazable también, la inimputabilidad judicial al represor Juan Carlos Trimarco y la falta de compromiso de la justicia entrerriana para investigar la explotación del trabajo infantil, como muestras de los derechos pendientes en nuestra región.

Demás está decir que apoyamos incondicionalmente el reclamo que desde el 2007, vienen haciendo los integrantes de la Asociación de Familiares de Desaparecidos de Entre Ríos (Afader), quienes han exigido al gobernador Urribarri la remoción de dos funcionarios que firmaron una declaración de desagravio en el diario "El Heraldo" en 1988 en apoyo al represor Febres.

Los derechos de los pueblos y las culturas son también parte del debate internacional de los derechos humanos: en este sentido, los verbos políticos "traer", "conseguir", "pedir", que el gobierno provincial usa para hablar de su relación con el gobierno central, son verbos antifederalistas, porque claramente van en contra de la soberanía particular de los pueblos libres, iguales y solidarios que fundó el proyecto federal desde la cosmovisión artiguista.

Y mucho más, en un contexto dónde el gobierno central se queda con el 75% de la riqueza provincial, y dónde sólo se hace cargo, por ejemplo, del 32% del ya insuficiente presupuesto educativo. Es inaceptable, y mucho más para un entrerriano con memoria histórica y genealógica, que se saquee al pueblo para que los fondos del bicentenario vayan al capital concentrado transnacional.

Sólo la unidad activa de los que luchan, con amplitud y generosidad, sin especulaciones políticas ni partidarias ni sectoriales, hará avanzar el respeto a los derechos de todos.

Hay que mirar y valorar las luchas colectivas de otros pueblos por la reapropiación de sus derechos: en Junio de este 2010, el Consejo de Derechos Humanos de la ONU reconoció la incansable lucha de organizaciones políticas y sociales del País Vasco, expresando públicamente que, el Estado español "debe persuadirse de abandonar esquemas heredados", y que "en el derecho humano a la paz se encuentra el derecho a la autodeterminación de los pueblos".

A nivel nacional, en el Estado Argentino, el análisis tampoco puede obviar la crítica. Sólo la muerte de un luchador asesinado por las patotas del poder, como Mariano Ferreyra, logró que un sector de precarizados conquiste el derecho a ser un trabajador ferroviario permanente. Y dos compañeros de la nación quom pagan también con su vida la lucha por su tierra y por sus derechos, postergados de la colonización genocida europea. El final del 2010 nos muestra la otra cara del Bicentenario. Adherimos desde CTA Paraná a las luchas y movilizaciones que se están realizando por castigo a los autores intelectuales y materiales de estos crímenes, como así también de pedido de renuncia y juicio al gobernador Insfrán. También sumamos nuestra voz al reclamo de la libertad para todos los militantes que están injustamente presos por luchar, como Karina Germano López y Roberto Martino, quién se encuentra en huelga de hambre -como otros militantes- y fue encarcelado por defender los derechos del pueblo palestino por un Estado -como el Argentino- que hoy, paradójicamente, reconoce pública y formalmente al Estado Palestino.

A nivel nacional también, las organizaciones políticas y sociales tenemos el desafío de exigir e impulsar colectivamente la actualización de la asignación por hijo -ese nuevo derecho del Siglo XXI promovido desde hace tiempo por la CTA- y su verdadera universalización, como así el respeto a los derechos de los jubilados con un aumento real que vaya más allá de un subsidio momentáneo, y con el 82% móvil a nivel federal.

El derecho a la educación amerita hoy también que las becas de estudio sean universales, especialmente en el nivel superior.

No nos olvidamos tampoco que es el Estado argentino, de la mano de este gobierno nacional, el que persigue a los asambleístas de Gualeguaychú con una política y una legislación "antisediciosa" del ex dictador Onganía. El colmo, aunque también la lógica del Estado al servicio del mercado, es la persecución a los que luchan por los derechos ambientales. El propio reconocimiento que ha hecho el gobierno uruguayo, a través de la DINAMA, de la contaminación que ya está generando UPM-Botnia, hace necesario el fin de la persecución política y judicial a los asambleístas entrerrianos.

A nivel internacional, las políticas de ajuste del poder apremian a los trabajadores y a los pueblos, que se levantan para defenderse, especialmente en Europa, donde las huelgas generales ya buscan coordinación continental para evitar que la crisis generada por los de arriba la sigan pagando los de abajo.

En España, en éstos días, el gobierno socialdemócrata militarizó los aeropuertos para enfrentar una protesta de los controladores aéreos, quienes rechazan el recorte de sus derechos. Es otro botón de muestra de lo que está dispuesto a hacer el poder para imponer el ajuste y disciplinar a los trabajadores, que deben estar más unidos, organizados y conscientes que nunca.

Los derechos humanos hoy se juegan fuertemente en las vidrieras del poder. Assange, el amenzado y perseguido director de Wikileaks, avisa ahora, que si algo le pasa, se difundirán algunos documentos sobre Guantánamo, uno de los lugares de torturas del imperio, como Abú Ghraib. El cablegate nos muestra, como ha dicho Noam Chomsky, el profundo desprecio real por la democracia por parte de los gobernantes de EEUU y de sus aliados.

Entender el derecho a la información como un derecho humano y democrático hace que nos sumamos a la campaña global por la libertad y la seguridad del equipo de investigación de Wikileaks. Y por lo mismo, saludamos la iniciativa del gobierno de Ecuador, de ofrecer asilo y seguridad al director de Wikileaks en este país latinoamericano, y lamentamos el silencio de la mayoría de los gobiernos presentes en la cumbre frente a la iniciativa ecuatoriana de condenar al gobierno norteamericano por las revelaciones y efectos políticos del cablegate.
Los medios alternativos son también, y más que nunca, medios de información.

En Nuestra América, y más allá de algunas iniciativas ya señaladas como las de Correa, es necesario destacar, la lucha que distintas organizaciones políticas, sociales y de derechos humanos de la República Oriental del Uruguay, vienen dando para anular la Ley de Caducidad que impide juzgar a autores de delitos de lesa humanidad durante la dictadura uruguaya.

El gobierno actual de la Banda Oriental no puede seguir dando la espalda a una lucha histórica que toca sus raíces.

Párrafo aparte merecen las luchas y algunos avances de las luchas políticas, sociales y culturales de la hermana República de Bolivia, quién se define ahora constitucional y democráticamente como plurinacional, constituyéndose así en un ejemplo para Nuestra América y para el Mundo.

La noción política, social, legal y cultural de plurinacionalidad se suma a la consagración de los derechos de la naturaleza, tanto en la nueva constitución boliviana como en la ecuatoriana, y ésto nos lleva a reafirmar que está produciendo una verdadera revolución epistemológica, política, educativa y cultural en el corazón de Nuestra América.

Afirmar, desde la ética profunda del culto originario a la Pachamama, los derechos de la naturaleza, es producir un verdadero corte epistemológico, una transformación y una superación del sentido de los derechos humanos emergentes a nivel global. Es abrir los derechos humanos a un más allá vinculado a sus orígenes. Es entender los derechos humanos como derechos del mundo de la vida.

Pero es muy destacable el logro de la lucha social en Bolivia en éstos últimos días: el Presidente Evo Morales anunció la estatización de las AFJP, pero no se quedó sólo en eso, si no que también dispuso una baja en la edad jubilatoria y un Fondo Solidario con impuestos a los que más tienen para garantizar el blanqueo y el derecho a una jubilación digna a un pueblo trabajador que, como en Argentina, y en el Mundo, sufre precarización y trabajo en negro.

La lucha política, social y cultural de las clases populares en Bolivia -que no se detiene frente a un gobierno popular- es un ejemplo de la lucha por los derechos humanos, para toda Nuestra América, para Europa y para el mundo. Y remarcamos sobre todo, la baja en la edad jubilatoria, que es un elemento clave para sentar las bases de los nuevos derechos humanos en el Siglo XXI: el reparto del trabajo, de la riqueza, de los derechos y el tiempo libre en una sociedad global transformada en sus estructuras por las lógicas excluyentes del capitalismo biotecnológico postfordista.

Mauricio Castaldo
Secretario de Derechos Humanos de CTA Paraná
7/12/2010