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"...Se marean y no hay que olvidar que cuando un político se deja dominar por la ambición es un ambicioso, pero cuando un dirigente sindical se entrega al  deseo del dinero, del poder, o de honores, es un traidor y merece ser castigado como un traidor..." (Evita)

"...Para que no haya lucha de clase yo no creo como los comunistas, que sea necesario matar a los oligarcas del mundo. No, porque sería cosa de nunca acabar, ya que una vez desaparecidos los de ahora tendríamos que empezar con nuestros hombres convertidos en  oligarcas, en virtud de la ambición, del  los honores, del  dinero o del poder..." (Evita)

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"...Todo explotador es enemigo del pueblo, la justicia exige que sea derrotado..." (Evita)

"...No se puede condenar la violencia de los oprimidos sin atacar la violencia de los opresores..."(Miguel Ramondetti)

 


Derechos Sociales  » Discapacidad EL SISTEMA DE SALUD EN LA ARGENTINA. OBRAS SOCIALES
EL SISTEMA DE SALUD EN LA ARGENTINA. OBRAS SOCIALES
Lunes, 04 de Mayo de 2009 17:14
Cuando hablamos de salud nos encontramos con grandes dificultades para resumir el complejo funcionamiento del sistema de seguridad social en nuestro país. Debemos abordar ejes como calidad, equidad, universalidad, satisfacción, aumento de una vida saludable y en función a principios como el de ciudadanía, solidaridad, pluralidad y eficiencia.
En lo que va de la historia el sistema de salud no ha logrado desarrollar una reforma global sino que ha realizado cambios de manera fraccionada.

 

El plan federal de salud presentado en Mayo de 2.004 estableció ejes y prioridades centrales como política de medicamentos, atención primaria, promoción de la salud, prevención de enfermedades, participación social, seguros de salud, seguros nacionales para la madre y el niño, enfermedades de baja incidencia que requieren prestaciones de alta complejidad. Pero se necesita mucho más para abarcar la seguridad social y su relación con la evolución del trabajo y la sociedad. Es aquí donde entran a jugar un largo listado de mitos como el fin del trabajo, el costo laboral, la flexibilización, la pobreza, el gasto público, las motivaciones de los trabajadores, el ajuste de la seguridad social, la superposición de coberturas, la desregulación y la competencia de las obras sociales y prepagas; la insatisfacción de los beneficiarios; el alto costo de las prestaciones y la baja efectividad. Todo este abanico de argumentos nos hace analizar a la salud como la búsqueda del máximo beneficio económico y nos olvidamos a la salud como un derecho humano social.

El sistema de salud no es el mismo de hace 50 años, que protegía solidariamente la, salud de más de la mitad de los argentinos. Por ello es necesario y urgente avanzar en un sistema de salud donde la seguridad social se redefina con un criterio de derechos y no con un criterio contributivo.

En la década de los '90 se dio una combinación de empleos de baja productividad, bajos ingresos, incremento del trabajo informal, lo que determino un incremento en la desigualad social, fragmentación social e inequidad. Esto exige la aplicación de políticas sociales más activas y que aseguren un crecimiento para todos los ciudadanos garantizando de esta manera el cumplimiento de los derechos sociales, como lo es la salud.
Hoy nos afecta la realidad en el mundo del trabajo, realidad que es crítica, ya sea desde la crisis en el empleo como así también la incertidumbre, por ello debemos avanzar en políticas que aseguren protección universal en salud para hacer frente a esta crisis.
La precariedad en las condiciones laborales, la exclusión social afectan la integración social y la mayor equidad distributiva.
En este sentido la instauración de políticas sociales en el campo de la seguridad social, previsión y salud resultan imprescindibles contra el incremento de la pobreza, la subocupación, la precarización laboral y la desocupación.

El sistema de seguridad social de atención de la salud se encuentra fragmentado ya sea en su financiamiento, gerenciamiento y la provisión de servicios. Esta fragmentación provoca la superposición de coberturas, donde beneficiarios a obras sociales recurren a instituciones estatales ante los sucesivos cortes en las prestaciones o niveles deficientes en calidad. Otros por su nivel de ingresos optan por financiar un seguro privado adicional.

Actualmente el sistema nacional de Obras Sociales regido por la Ley Nº 23.660 y regulada sus actividades por la SSS; organismo estatal de derecho público, con autarquía individual, administrativa, y financiera que funciona en el ámbito del Ministerio de Salud. La Ley Nº 23.660 especifica el aporte a una obra social determinada por actividad a partir de un piso mínimo de remuneración, la administración de la Obra Social a cargo del sindicato de la rama de la actividad y la regulación del sistema a cargo de la SSS.
Ante esta realidad medida desde los aportes a las distintas Obras Sociales; la desregulación de las mismas y el crecimiento de unas en detrimento de otras, surge el PMO (Programa médico obligatorio), como un conjunto de prestaciones básicas garantizadas, posibilitando el diseño de mecanismos de distribución, ajuste de riesgos relativos, favoreciendo la defensa de los derechos de los beneficiarios (al especificar el objeto de derecho y permitiendo la competencia entre entidades en búsqueda de mejor calidad).
El decreto Nº 247/96 que estableció el PMO se creo en un sentido de generar igualdad de condiciones a la hora de asegurar/garantizar prestaciones para todos los beneficiarios a las Obras Sociales; con un sentido solidario. Pero a partir de allí el PMO sufrió una serie de modificaciones.
La Resolución Ministerial939/2000 incluyo en esas modificaciones la obligatoriedad de establecer un sistema de medicina familiar para el primer nivel (nivel de atención ambulatorio) con la presencia de un médico generalista cada 1000 afiliados.
En 1.996 el decreto 1.615 asigna la responsabilidad de fiscalizar el PMO a la SSS. Siendo obligatorio este paquete prestacional para todos los agentes nacionales de seguro de salud y también para empresas de medicina prepaga, a partir de la Ley Nº 24754/96.
En el 2.002 se instaura por Decreto Nº 2.724 el PMO de emergencia que es el actualmente vigente y que determina que regirá este paquete prestacional hasta tanto se conserve el estado de emergencia sanitaria; observando los principios de preservar la salud y prevenir antes que acciones de reestablecimiento de las mismas.
Este sistema generó críticas e insastifacción generalizada en los beneficiarios de obras sociales y prestadores ya que existió una ausencia en el cálculo de costos de las prestaciones garantizadas y la correspondencia de estas con los ingresos. Más aún de aquellas obras sociales y/o prestadores que no visualizan a la salud como un derecho sino como un negocio.
La salud no debe tener un precio, si tiene un costo y que debe ser calculado adecuadamente para generar un valor que no debe ser otro que el de la salud del conjunto de la comunidad.
Mientras en la cercanía se discute el número de mamografías a cubrir por parte de las Obras Sociales y los especialistas teorizan sobre la necesidad de nuevos aparatos y procedimientos sofisticados; en ningún lado se discute el número de mujeres que nunca se han podido realizar una en su vida.
Este es el imaginario social, sectores donde solo prevalece la medicina con un sentido mercantilista y por otro lado sectores con pobreza, donde se incrementa día a día la tasa de mortalidad infantil y materna por falta de prevención y controles en salud. Son claros ejemplos del desorden social en cuál solo se satisfacen necesidades de las minorías en detrimento de la salud de la mayoría.
Nos encontramos entonces; ante un dilema ético, social, económico y político que es brindar salud a la mayoría.
La tarea que debemos emprender implica que cada uno de nosotros como beneficiarios del sistema de salud con la sola condición de ciudadanos defendamos la cosa pública, de un sistema solidario y real. La SALUD como un DERECHO HUMANO Y SOCIAL.

Habiendo realizado está introducción sobre el sistema de salud y obras sociales en nuestro país podemos afirmar que hoy el piso prestacional es el PMOe y específicamente la normativa que se refiere a la discapacidad (entendiendo como tal a toda persona que padezca de una alteración funcional permanente o prolongada, motora, sensorial o mental en relación a su medida social y edad; implicando desventajas para su integración familiar, social, educacional y laboral) es la Ley Nº 24.901 que determina un sistema de prestaciones básicas para la discapacidad.
Esta Ley prevé la cobertura de prestaciones de prevención, promoción, asistencia, y rehabilitación de la persona con discapacidad, asegurando la universalidad en la atención de los actores mediante la integración de políticas y recursos institucionales, económicos afectados a la temática.
La Ley Nº 24.901 en su Artículo Nº 2 expresa que las Obras Sociales tienen a su cargo con carácter de obligatorio la cobertura total de todas las prestaciones básicas enunciadas. El decreto 1193/98 que reglamento a la Ley nº 24.901 y faculto al Ministerio de Salud y Acción Social y a la Comisión Nacional de Discapacidad (CONADIS) para dictar normas aclaratorias y complementarias. Estableciendo modalidades prestacionales ambulatorias como la estimulación temprana, educación inicial, educación general, integración, formación laboral, centro de día, centro educativo terapéutico, prestaciones de apoyo, transporte. II Nivel, Intermedio. Residencia y Hogar y otras prestaciones como medicamentos al 100% de cobertura, pañales, ortesis y prótesis; asistencia económica.
Para poder acceder a éstas prestaciones deberá contar con certificado de discapacidad nacional, provincial o municipal.

La Ley y sus prestaciones emanan de la década neoliberal de los 90, y por ende las prestaciones son ofrecidas por el sector privado. Impuesto por el modelo de política neoliberal. Lo que determina que el presupuesto que el Estado destina para personas con discapacidad no se lo invierte en prevención y promoción, sino en el pago de las prestaciones a estos sectores.
El Estado no ha podido generar políticas públicas universales vinculadas a la problemática. No existe programa eficaz en salud sino revertimos y analizamos el modelo de país; un país de inclusión social y con justa distribución de la riqueza.
La discapacidad no es un problema médico sino que es el resultado de la interacción de variables del ambiente, el contexto social, cultural y económico. Debemos lograr generar la integración de los distintos sectores sociales con el compromiso del Estado que es quién debe ser el garante de la generación de políticas públicas en salud, educación, vivienda.


Silvina Calveyra. Dpto. Discapacidad CTA Paraná


 

Formularios

Formularios  F102B y F575B de AFIP para aportes a la seguridad social para las trabajadoras en casas de familias.

 

archivo   

 Nuevo F102B 

  
archivo

   F575B 
Instructivo

  
archivo

 Recibo de haberes empleadas en casas particulares (ley Nº 26844)


Ver escala salarial empleadas en casas de familias

 

Registro Especial de la Seguridad Social  de las trabajadoras del Hogar

 

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